Fórum de Sobreviventes: Testemunhos de mulheres que sobreviveram e promoveram mudanças

Rompiendo el silencio: Sobrevivientes de la violencia detallan cómo utilizaron su experiencia para lograr el cambio

Posted on diciembre 14 2012

 

Cathy Eatock es una aborigen y sobreviviente del abuso sexual en su niñez que presentó una denuncia contra su agresor a pesar de la resistencia de su comunidad. Desde entonces trabaja incansablemente en políticas para proteger a las mujeres y a los niños de los abusos, y para defender los derechos de los pueblos indígenas. Ella es hoy la Oficial Superior de Políticas en el Ministerio de Asuntos Indígenas del Gobierno de Australia.

 

“Mi propia experiencia suscitó una serie de temas acerca de los enfoques legislativos y de políticas, de los que desde entonces me he ocupado”, cuenta. Ella es una de las cinco mujeres que tomaron la palabra hoy en el Foro de Sobrevivientes acerca de cómo han usado sus propias experiencias con la violencia para promover, con éxito, reformas en la legislación y las políticas públicas en sus países.

 

Cuatro de las sobrevivientes que hablaron en el Foro (de izq. a der.): Autumn Burris, Sacide Akkaya, Mayerlis Angarita y Cathy Eatock. Foto: ONU Mujeres/Catianne Tijerina

 

Este panel fue celebrado en el marco del Foro de Contrapartes sobre la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, organizado por ONU Mujeres los días 13 y 14 de diciembre en Nueva York. El evento tuvo el propósito de alentar el diálogo, crear alianzas y ofrecer una plataforma para compartir las estrategias que dan resultados.

 

“Este mes se me atacó dos veces: una con arma de fuero y la otra cuando nos atacaron los paramilitares”, contó Mayerlis Angarita con vehemencia, superviviente de la violencia relacionada con el conflicto y activista de Colombia que creó la Fundación Narrar para Vivir. Esta organización no gubernamental influenció exitosamente la ley de víctimas y restitución de tierras adoptada por el Congreso colombiano en 2011, que estableció los derechos de las mujeres a la tierra.

 

“Fuimos al Congreso en grupo, 17 mujeres, para presentar nuestra opinión sobre la nueva ley, y conseguimos la inclusión de una perspectiva de género en el capítulo sobre la restitución de la tierra”, cuenta Mayerlis (si desea más detalles, visione la entrevista en vídeo en español). “Es también un testimonio… de lo que el conflicto armado ha causado y de cómo usaron nuestros cuerpos como arma de guerra. … La lucha no fue fácil… pero hemos logrado producir un efecto.”

 

Sacide Akkaya, de Turquía, sobrevivió a la violencia doméstica y es una prominente activista con la organización de mujeres KA-MER. Ha estado luchando contra los asesinatos por honor y ha contribuido fundamentalmente a la adopción de un decreto de prevención de la violencia contra las mujeres, que entró en vigor el 8 de marzo de 2012. “Casi el 70 por ciento de las cosas que propusimos han sido incluidas en la ley”, dijo, enfatizando que su organización continua haciendo cabildeo a favor de más cambios.

 

“Creo que contar con los testimonios de estas sobrevivientes en este panel es histórico y deseo agradecer a ONU Mujeres por esta iniciativa”, dijo Autumn Burris, superviviente de abusos sexuales, violación, trabajo en el sexo y violencia doméstica de los Estados Unidos de América. Ella fundó Standing Against Global Exploitation (lucha contra la explotación en el mundo), una organización sita en San Francisco que ha abogado por una ley contra el tráfico de personas en California. “Algunos de los retos son la falta de políticas, servicios y programas que cuenten con el punto de vista de las supervivientes, y la falta de coordinación entre los gobiernos y las ONG”, dijo.

 

En un vídeo desde Brasil, Maria da Penha, sobreviviente de violencia doméstica, contó su historia de perseverancia: sobrevivió a dos tentativas de asesinato por parte de su esposo en 1983, que la dejaron paralítica. “Viví una vida llena de violencia física y psicológica, y no podía salir de esa relación porque, en aquel tiempo… se mataba a las mujeres que trataban de escapar de una relación violenta. … En general, el agresor quedaba libre de toda pena.”

 

Maria persistió a pesar de dos décadas de infructuosas batallas legales contra su esposo, que quedó eventualmente en libertad por tecnicismos. Escribió un libro y se asoció con dos ONG que la ayudaron a llevar su caso ante la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. En 2001, la Comisión dictaminó contra Brasil y ordenó al país a establecer una ley nacional para prevenir la violencia doméstica. La ley fue promulgada en agosto de 2006 y se le dio el nombre oficial de Ley Maria da Penha.

El Foro de Contrapartes fue organizado en preparación de la 57ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de marzo de 2013. Esta reunión internacional, donde los países darán cuentas de los progresos de sus países en materia de derechos de las mujeres y de igualdad de género, se centrará en la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

 

 Fonte: ONU Mujeres

Una mafia de proxenetas y policías reinaba al otro lado de las escuchas

La cúpula de la Guardia Civil en Lugo ignoró denuncias sobre la connivencia entre sus agentes y matones de burdel

SONIA VIZOSO / PABLO LINDE - Santiago - 17/04/2011

El Pais

"Si estás interesado en conocer la Coslada de Lugo, llámame y te presentaré a unas personas que te pueden informar". Esta frase pronunciada al oído de un agente de la Guardia Civil en la barra de un pub de Lugo a principios de diciembre de 2008 fue el detonante de la Operación Carioca, una ardua investigación que ha sacado a la luz la presunta mafia policial que, durante años, ha amparado la explotación sexual de cientos de mujeres en una de las provincias aparentemente más tranquilas y seguras de España. Entre los más de 60 imputados por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, inducción al aborto u omisión del deber de perseguir delitos, figuran una veintena de agentes y mandos de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil, así como el coronel José Herrera García-Lora, máximo responsable de la Comandancia de Lugo entre 2000 y 2009, y el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero. Decenas de testigos, fotografías, vídeos y escuchas telefónicas dibujan una supuesta trama de agentes del orden compinchados con proxenetas, que chantajeaban, maltrataban y abusaban de prostitutas extranjeras mientras sus superiores en el cuerpo miraban para otro lado. Se investiga, incluso, si pudo haber asesinatos.

En el vértice de esta pirámide de corrupción policial, de la que supuestamente fueron testigos jueces, empresarios y políticos, está el cabo Armando Lorenzo, un guardia muy popular en Lugo que, según los testimonios recogidos por la juez Pilar de Lara, cultivaba amistades poderosas tanto en los despachos como en los antros de la ciudad. Un magistrado jubilado declaró que el guardia, al que define como "servicial", tenía "muy buenas relaciones" con "todos" los jueces de Lugo y "también con la fiscalía". "Soy policía y no me va a pasar nada. A ti no te van a creer porque eres extranjera y prostituta. Yo tengo muchas influencias", presumía el agente imputado, según una de las víctimas.

El cabo Lorenzo se movía a sus anchas entre los malhechores de los burdeles y, a su vez, era el responsable del Emume lucense, el equipo de la Guardia Civil dedicado a asistir a mujeres en peligro, incluidas las prostitutas que huían de los malos tratos y abusos de esos mismos proxenetas. Fueron las sospechosas maniobras de este agente en su condición de responsable de esta unidad las que propiciaron, en 2005, unas denuncias internas ignoradas por los mandos de la Guardia Civil y presuntamente ocultadas por el socialista Jesús Otero, en aquel entonces subdelegado del Gobierno en Lugo y ahora imputado en la causa.

En la primavera de 2005, el cabo Lorenzo protagonizó un grave episodio en uno de los pisos secretos en los que se refugian mujeres maltratadas. El guardia envió a la madama de un club de alterne a una de estas viviendas para que fuese a repescar a dos prostitutas huidas y alojadas allí. Ante la negativa de las responsables del piso de acogida a abrirle la puerta a la enviada del agente, fue el propio Lorenzo el que cogió a las internas y se las llevó al club Luxor.

Ante la gravedad de los hechos, trabajadoras sociales del Ayuntamiento y de una ONG acudieron a la concejala de Bienestar Social de Lugo, la socialista Carmen Basadre, que a su vez alertó al entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. En una reunión en su despacho, Otero, ahora acusado de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, prometió investigar al cabo Lorenzo, pero pidió discreción a la edil por las buenas relaciones que el agente tenía con la máxima autoridad en la Comandancia de Lugo, el teniente coronel José Herrera García-Lora, también imputado. Cuatro años después, el guardia Lorenzo fue detenido en la Operación Carioca.

La denuncia llegó también a mandos de la Guardia Civil. Fue a través de estas mismas trabajadoras sociales, que relataron los hechos a dos agentes del Emume, compañeras de Lorenzo. Para ellas era la gota que colmaba el vaso, tras meses intuyendo irregularidades y oyendo rumores sobre las prácticas del cabo, por lo que se negaban a firmar diligencias en las que ellas no hubieran estado presentes. Decidieron entonces presentar un informe a su superior, el capitán Andrés Manuel Velarde, con todo lo que sabían o sospechaban.

El escrito está firmado el 4 de junio de 2005 por las dos compañeras de Lorenzo. Expone el caso del piso protegido y el testimonio de las trabajadoras sociales y abogadas que recurrieron a ellas. Una letrada les comentó su extrañeza por la forma de trabajar de Lorenzo. Siempre que el guardia remitía a prostitutas extranjeras a los servicios sociales, las chicas acudían con la errónea creencia de que eran testigos protegidas cuya situación iba a ser automáticamente legalizada. Esto se suma, según el relato de las agentes, a lo que ya le habían comunicado al capitán de forma verbal: "El contacto con las testigos protegidas es el cabo de forma personal y exclusiva; casi todas las investigaciones relacionadas con la prostitución fueron iniciadas por el cabo Armando y durante los horarios de oficina ninguna prostituta fue a presentar denuncia, salvo cuando el cabo estaba solo; resulta extraño que todas las intervenciones se realizaron en determinados clubes, nunca en otros". El informe continúa durante tres páginas con las supuestas irregularidades que detectaron en el comportamiento de Lorenzo.

Las dos agentes relataron que tras estudiar el informe, el capitán Velarde las llamó a su despacho y les dijo: "Yo no he visto nada". Les indicó que si querían presentar denuncias lo hicieran por un conducto oficial y que, si lo hacían, al primero que daría cuenta es al propio cabo, lo que ellas entendieron como una amenaza. En su declaración como imputado, Velarde esgrimió que los hechos denunciados por sus subordinadas formarían parte, si eran ciertos, de la vida "particular" del cabo Lorenzo. No recuerda si se las trasladó a su superior, el entonces teniente coronel Herrera, hoy coronel jefe del centro de coordinación regional de Canarias.

Tras presentar este texto, el ambiente en la oficina se volvió hostil contra las dos agentes. Lorenzo les retiró el saludo y otros compañeros les "torcían la cara", por lo que entienden que el capitán difundió el escrito, que más tarde presentarían también a asuntos internos de Madrid. Entre los comentarios de sus compañeros, uno de los imputados, el brigada Julio Baquero, llegó a decir de ellas que eran "unas legalistas yquisquillas", según aseguran las guardias.

El incidente con el cabo Lorenzo en los pisos de acogida llegó también a oídos del entonces teniente coronel Herrera a través de una nota de asuntos internos. El máximo responsable de la Comandancia de Lugo aseguró que se limitó a preguntar "genéricamente" en el cuartel "cómo iban las cosas" en la unidad a la que estaba adscrito el agente y, al no recibir ninguna queja, se olvidó del asunto y destruyó el escrito.

Ya solo por lo que los propios agentes han admitido ante la juez, se sabe que las relaciones entre los matones de los prostíbulos y las fuerzas de seguridad eran muy estrechas. El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio de uno de los jefes de los burdeles y los clubes de alterne eran lugares habituales de juerga cuando los efectivos masculinos se iban de cena. Un inspector de la Policía Local ha confesado que en su tiempo libre se encargaba de gestionar seguros y alquileres de prostíbulos.

Los informes de asuntos internos incluidos en el sumario sostienen que detrás de este compadreo entre agentes y proxenetas se esconde una auténtica mafia que abusaba de la "especial situación de desamparo" en la que se encontraban cientos de mujeres extranjeras, explotadas sexualmente en los prostíbulos bajo la amenaza de muerte a sus familias y obligadas a pagar deudas prohibitivas para sus bolsillos. Policías y guardias civiles están acusados en Lugo de garantizar protección a los encargados de los burdeles a cambio de no pagar ni los servicios sexuales ni las copas, de avisar a los proxenetas cuando iba a haber alguna redada y de amañar trámites burocráticos en Extranjería para frenar o impulsar deportaciones de prostitutas en función de los intereses de los amos de las barras americanas.

Nombres de la trama

- José Manuel García Adán. Encargado del Queen's, un club del Polígono de Ceao (Lugo) que es el epicentro de la mafia investigada por la juez. Adán es el detenido que acumula más imputaciones, que van desde la inducción a la prostitución hasta el blanqueo de capitales, pasando por la tenencia ilícita de armas o delitos contra los derechos de los trabajadores. Trabajaba supuestamente protegido por una red policial corrupta que amparaba sus operaciones. En junio pasado fue trasladado a Lugo desde la cárcel de Burgos, donde cumple condena, para que colaborase en la búsqueda de pruebas del posible homicidio de una brasileña, Ana, que trabajaba en el prostíbulo, y que desapareció sin dejar rastro en 2007. Las investigaciones apuntan a su posible asesinato y a García Adán como sospechoso.

- Armando Lorenzo. Cabo de la Guardia Civil de la Policía Judicial. Está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama, aunque la juez permitió su salida de prisión por motivos de salud. Acumula, entre otros, cargos por tráfico ilegal de personas, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y agresión sexual. Una denuncia contra él puso a asuntos internos de la Guardia Civil sobre la pista de la trama. Atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, presuntamente solicitaba favores carnales a prostitutas bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que Armando Lorenzo había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a sudamericanas. Ejercía presuntamente el control sobre todos los clubes y garantizaba la ausencia de inspecciones en dichos locales.

- José Ramón Vázquez Río. Policía local de Lugo, exjefe de la Brigada Nocturna. Tercera pieza del núcleo duro de la trama, según las investigaciones. Se sospecha que Vázquez Río, socio protector del Queen's, utilizaba el coche patrulla para desplazar a las prostitutas a estas fiestas a puerta cerrada donde abundaban las drogas y los favores sexuales gratuitos para los agentes. También está imputado en el caso del supuesto sobreseimiento irregular de sanciones de tráfico de la Policía Local de Lugo, como confirman supuestamente las conversaciones telefónicas captadas en los sucesivos pinchazos.

- José Marcos Grandío. Jefe del club Eros. Encargado de uno de los locales de alterne en el que trabajaban las extranjeras. Estas circulaban entre el Queen's, el Eros y el Volvoreta, en la capital lucense, o bien se las trasladaba a La Colina, en Outeiro de Rei, o a Eclipse, en la costa de la provincia. En estos establecimientos, todos precintados, trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y eran castigadas con multas si se ausentaban o retrasaban en su jornada laboral. Las investigaciones tratan de aclarar si alguna fue obligada a abortar. Grandío sigue en la cárcel, tras incumplir la prohibición de salir Galicia.

- José Manuel Pulleiro. Jefe del club La Colina. Su presunta implicación en la trama es similar a la de Grandío, cada uno como encargado de su respectivo burdel. Es la persona de confianza de Adán y el que realiza el control de las prostitutas, tal y como revelan las conversaciones telefónicas. La policía sospecha que entre él y Adán, a través de un locutorio de Lugo, pagaban los billetes y los gastos del viaje de las mujeres, que después estas devolvían prostituyéndose. Pulleiro era, supuestamente, el encargado de ir a recogerlas al aeropuerto y les cobraba una cantidad extra de unos 3.000 euros.

- Eduardo Antonio Castro. Es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y los investigadores aseguran que tenía una estrecha amistad con Lorenzo. Ambos gestionaban en sus respectivos cuerpos lo relativo a clubes de alterne y, supuestamente, prestaban favores a sus dueños. También es sospechoso de retirar cartas de expulsión a prostitutas.

Testimonios de miedo y amenazas

Sin haber cumplido los 20 años, separada y con un bebé de seis meses, llegó a España procedente de un país de Sudamérica junto a otras 11 compatriotas; se vio frente al neón de un burdel de Lugo. Los proxenetas, asegura, amenazaron con hacer daño a su hijo. Un mes después de su llegada, se quedó embarazada de un buen amigo del imputado José Manuel García Adán, capo de un prostíbulo lucense. La mujer fue obligada a abortar en una clínica ilegal. "Si no abortas, tú vas en una caja de pino a tu país", la amenazó el hombre. Adán le adelantó 500 euros para la intervención, un dinero que luego tuvo que devolver prostituyéndose.

Esta joven reconoce en las fotografías como autor del aborto sin anestesia al imputado Carlos Abuín Mosteiriz, un médico que hasta hace poco ejerció en la sanidad pública gallega y cuya clínica privada "no estaba autorizada para realizar actividad sanitaria", según revela en un informe oficial la responsable de la Consejería de Sanidad en Lugo. A los tres meses de la intervención, la chica recuerda que sufrió una grave infección acompañada de hemorragias.

En noviembre de 2008, un mes antes de que la juez Pilar de Lara ordenase los seguimientos y las escuchas que han destapado el caso, esta testigo se encontró en una calle de Lugo con el hombre que la había dejado embarazada. Tras las amenazas que recibió de su expareja -"Negra maldita, te voy a deportar", dice-, ella intentó poner una denuncia en la comisaría, pero "no se la quisieron coger". Allí se le acercó un agente, al que conocía de verlo también en los clubes, y le dijo: "Tranquila, un día esto se va a parar y yo seré tu testigo".

Es el testimonio de una de las decenas de mujeres extranjeras explotadas en los burdeles que han declarado ante la juez, algunas como testigos protegidas. Los relatos reconstruyen su vida en los clubes donde, engañadas o ejerciendo libremente la prostitución, tenían que pagar deudas contraídas con los dueños de la organización. En los burdeles de Lugo, la disciplina incluía muchas veces la obligación de consumir drogas y mantener relaciones sin preservativo, con un solo día libre por semana y multas que se descontaban de sus sueldos por llegar tarde o ausentarse del trabajo. Los abortos tampoco eran la excepción y algunas prostitutas cuentan cómo sus compañeras eran forzadas a tomar pastillas abortivas sin control médico que les hacía "retorcerse de dolor".

Europa tiene a 140.000 mujeres esclavizadas en la prostitución

Campaña contra la trata de seres humanos- BERNARDO PÉREZ

La ONU cree que una de cada siete meretrices es víctima de redes de trata - La mayoría procede de los Balcanes y sufre la violencia de pequeñas bandas

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid

Atrapadas en un burdel de carretera, en un salón de masaje, en una residencia privada. Naciones Unidas calcula que hay alrededor de 140.000 mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en Europa occidental. Son en su mayoría mujeres y chicas que han sido engañadas, o incluso vendidas por familiares o amigos en sus países de origen para ser prostituidas bajo coacción en Alemania, Holanda o España. El primer informe de la ONU que traza la radiografía de este negocio clandestino en Europa revela que este mercado -que mueve al menos unos 2.500 millones de euros anuales-, en continua movilidad, integra cada año a 70.000 nuevas víctimas. Personas que pasan a sustituir a aquellas que saldan sus deudas, salen del negocio o pasan a convertirse ellas mismas en traficantes de personas como única alternativa a ser explotadas.

El del sexo es un negocio boyante e invariable. Y así lo han detectado también las organizaciones delictivas. El de la trata de personas es el tercer negocio del crimen organizado, y en algunos países se ha convertido en el primero. Prostitución pero también mendicidad, servicio doméstico o trabajo en fábricas, la trata tiene muchas formas. Los traficantes dedican a la explotación sexual al 84% de las víctimas de trata, según el documento presentado ayer por el director ejecutivo de la oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen Organizado, Antonio Maria Costa en Madrid junto a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Una de cada siete prostitutas, recalca el informe -elaborado por los relatores de la ONU con sus datos y otros recopilados por los países, las fiscalías, la policía y las ONG-, es víctima de la trata en Europa. Una cifra muy inferior al 90% que baraja el Ministerio de Igualdad, que incluye en a mujeres víctimas de explotación y no solo de trata.

Las personas obligadas a ejercer la prostitución llegan fundamentalmente de los Balcanes (32%), sobre todo de países como Rumania y Bulgaria. También de la ex Unión Soviética (un 19%), -fundamentalmente desde Ucrania-, de Suramérica (13%), Europa central (7%), África (5%) y Asia oriental (3%). "Se han detectado víctimas en toda Europa. El problema es común a todos los países", explica Costa, que ayer junto a las actrices Mira Sorvino y Belén Rueda y a la periodista mexicana Lydia Cacho presentó la campaña Corazón Azul para sensibilizar contra la trata. Una de las "formas de violencia más antiguas del mundo", según Aído.

Las mujeres llegan al país de destino, explica la ONU, engañadas y a veces coaccionadas. Si provienen de los Balcanes, analiza la ONU, lo más probable es que hayan sido reclutadas con promesas de empleo, de participar en algún concurso de belleza, de un programa de estudios o de servicios matrimoniales. Allí, la mayoría de las víctimas son reclutadas por conocidos, amigos o familiares. Esas personas también juegan un papel importante en la captación de mujeres en África. En América Latina, los traficantes utilizan también empresas de espectáculos, agencias de modelos y anuncios en los periódicos para engañar a las víctimas.

Muchas de ellas sufren violencia antes y después de llegar a su destino. Los más duros son, según la ONU, los traficantes de los Balcanes o la antigua Unión Soviética. Organizaciones muchas veces pequeñas -de dos o tres personas- que antes de ofrecer a las mujeres a sus clientes las violan para iniciar el maltrato. Algunas son drogadas para que no huyan.

Además, la ONU destaca la cada vez más importante presencia de víctimas provenientes de China. Tradicionalmente, dicen, solo los ciudadanos de este país podían acceder a los burdeles chinos en Europa. Ahora, mujeres chinas, camboyanas o vietnamitas son víctimas de trata en salones de masaje, de belleza o saunas. Y es que, dependiendo de su procedencia, las mujeres son obligadas a prostituirse en un lugar u otro. La explotación de las víctimas de América Latina o los Balcanes se lleva a cabo en lugares clandestinos, residencias privadas y burdeles. Las mujeres africanas, sin embargo, son obligadas a hacerlo en la calle.

El informe de la ONU también habla de los consumidores de servicios sexuales. Entre ellos destaca España. En ese país, un 39% de hombres reconoce haber pagado por sexo alguna vez en su vida, una cifra "atípica en Europa", según la ONU. En Suiza son un 19% los hombres que afirman haberlo hecho, en Holanda un 14% y en Suecia un 13%.

Fonte: El País