quarta-feira, 15 de janeiro de 2014

Argentina - Entraves no acesso à justiça e nas medidas protetivas


En violencia de género, la Justicia llega tarde y mal

En la Corte Suprema y en la Ciudad se reciben 50 denuncias diarias. Pero no siempre hay respuesta inmediata. Dos diputadas y la Asociación de Abogados porteños exigen que se declare la emergencia.
  • por  Mariana Iglesias / Clarín
  • miglesias@clarin.com
  • Los casos se suceden y espantan. Una mujer denuncia que su ex pareja la picaneó 4 horas, otra muestra una filmación de su ex novio pegándole adelante de su hija, una tercera está internada porque el ex marido le disparó, la esposa del bajista de Divididos denunció que le dio una paliza. Son noticias de los últimos dos días. Las oficinas de violencia doméstica de la Corte y de la Ciudad suman unas 50 denuncias diarias. Pero cuántas mujeres habrá que no pueden ni hablar. Es que la Justicia no siempre responde a tiempo y con tino y entonces la denuncia se vuelve en contra, generando más violencia.
    Dos diputadas y la Asociación de Abogados porteños pidieron el miércoles 15 de agosto que se declare la “emergencia nacional” por la violencia de género. “Hay que darle impulso al proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que ya presentamos en el Congreso –sostuvo la legisladora del FAP, Virginia Linares–. Pretendemos que se implemente cabalmente la ley 26.485 de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en 2009. Esta ley contiene un elenco de políticas públicas integrales que deben ser diseñadas y puestas en marcha por el Consejo Nacional de las Mujeres, y de las cuales no hemos visto ninguna aplicación concreta”.
    Victoria Donda, también de FAP, agregó: “El problema se ataca con políticas integrales, con urgencia, decisión política firme. Vemos femicidios y mujeres brutalmente violentadas a diario”.
    Raquel Asensio, de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sostuvo lo mismo: “Se debe dictar la emergencia. El Poder Judicial está desbordado por la avalancha de casos. El personal que atiende estas situaciones no está bien preparado y no hay presupuesto. Tampoco hay garantías para la mujer que denuncia. El hombre con exclusión de hogar vuelve en forma impune porque no tiene sanción”.
    Se avanzó con la apertura de centros de denuncia, pero faltan respuestas para el después. Se sabe, la denuncia es un boomerang. “La Justicia dictamina la exclusión de hogar, pero eso no garantiza que se cumpla. ¿La policía debe hacerlo cumplir? La violencia doméstica es muy particular, a veces las propias mujeres no sostienen las denuncias. Por eso se deben dictar políticas sociales, con abogados y psicólogos que las acompañen en el proceso, viviendas para el después y servicios para sus hijos –opina Natalia Gherardi, abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género–. El Poder judicial en soledad no resuelve nada. Es un problema de la sociedad”.
    Gonzalo Sansó, de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, explica que el esquema de la justicia tradicional no es efectivo en la violencia doméstica: “Es un tema con aristas particulares. Lo esencial ante una denuncia es evaluar el nivel de riesgo, y ese informe debe ser entregado al fiscal en horas para que dé las recomendaciones de cuidados específicos”.
    Las mujeres pueden llamar a teléfonos de urgencia o en la Ciudad pueden llegar a recibir el botón antipánico, que activan cuando el agresor viola la exclusión: “En casos graves se pide un policía en la puerta de la casa, y en más extremos, prisión preventiva. Estos pedidos hay que hacerlos desde la Justicia Penal, porque la Civil no prevé sanciones”. En esto, los especialistas también coinciden: “Un hombre que viola la exclusión de hogar o la restricción de acercamiento y no es sancionado se siente impune, y refuerza su nivel de violencia”.
    Un informe de ONGs sobre la situación de la mujer en Argentina, dice: “Quedan obstáculos importantes para que las mujeres tengan acceso pleno a la justicia. Faltan mecanismos específicos de reparación a las víctimas de violencia de género, no existen normas punitivas específicas sobre femicidio. El acceso a la justicia de las mujeres que lo necesitan es difícil de lograr”.



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